Los acusa de “abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público”, al no haber sometido al Congreso el millonario crédito.

La justicia imputó al presidente Mauricio Macri y varios miembros de su Gobierno por “abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público”, al no haber sometido a debate en el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que solicitó sea paralizado. 

Además de Macri, el fiscal Jorge di Lello imputó al jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña; al ministro de Economía, Nicolás Dujovne; el presidente del Banco Central, Luis Caputo, y “todo aquél que el devenir de la investigación indique como partícipe o responsable”. 

“Considero que el análisis realizado por los denunciantes es verosímil y lógico, por lo que entiendo atinado formalizar el impulso de la acción penal y realizar las medidas de prueba que resulten útiles para esclarecer lo sucedido”, explica el fiscal Di Lello en su resolución.

En concreto, Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo señalan en su querella que la conducta del Gobierno para acordar el pasado junio con el FMI un crédito de 50.000 millones de dólares es “violatoria de la Constitución”

Di Lello le transmitió a Ercolini que confía en su “elevado criterio” para decidir si corresponde dictar estas medidas y así evitar los “perjuicios económicos y sociales” que los denunciantes afirman acarreará la ejecución del programa financiero, o bien permitir que continúe el plan. 

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