Con incidentes dentro y fuera del recinto, Cambiemos y sus aliados votaron el proyecto, que ahora debe debatirse en el Senado. Conoce de que se trata la madre de las leyes.

Más pago de deuda, reducción en obra pública, educación, ciencia, tecnología, cultura, asistencia social y más.

La mayor erogación del presupuesto será por pago de deuda externa. Subirá hasta representar el 18% del gasto estatal, con $600.000 millones de pesos destinados al pago de intereses.

Tras las negociaciones, salió del proyecto el artículo que quitaba condicionamientos al gobierno para negociar una reestructuración de Deuda Externa. De todos modos, la posibilidad de un default está presente.

Así, el mentado “déficit cero” es una ficción: si se computa el pago de intereses, este será de 4%.

El proyecto prevé un dólar a $40,10 y una inflación interanual del 23% (cuando la de este año alcanzará el 45% y podría trepar hasta el 50%). Se trata de una submedición para disimular los ajustes contra el pueblo y habilita manejos discrecionales del gobierno.

Ajustazo en Educación y Ciencia y Técnica entre otras áreas.

Tomando la ya dibujada inflación interanual prevista por el gobierno, los fondos del área caen en términos reales un 17%. De conjunto, se reduce la tajada de Educación en el presupuesto total: pasa de ser el 7,1% en 2018 a 5,5% en 2019 (Página12, 24/10)

Entre los rubros con recortes están, entre otros, Infraestructura Escolar (pasa de 9.200 millones a 2.600 millones), Educación Técnica (de 4.900 millones a 3.400 millones) y los programas para la extensión de la jornada escolar. Caen en términos reales Universidades (un 10%), becas (un 25%) y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que se destina a complementar los magros salarios.

Menos Salud, el área tendrá un recorte real del 8,1%, según el informe de Fundación Soberanía Sanitaria. Las principales caídas (en términos reales): Atención de la madre y el niño (76%), Desarrollo de estrategias en salud familiar y comunitaria (66%), Prevención de enfermedades endémicas (56,1%), Cobertura de emergencias sanitarias (44%), Prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles (35,8%), Atención sanitaria en el territorio (31,3%). Sigue la guerra contra la ola verde: Desarrollo de la salud sexual y la procreación responsable cae un 14,7%.

Vivienda y obra pública, cuando la crisis habitacional alcanza récords históricos, la obra pública cae casi un 50% en términos reales, golpeando especialmente a la construcción de viviendas (que ya sufrió en 2018 de un recorte de fondos de un 43,8%).

Se congela el ingreso de personal al Estado, y los estatales sufrirán una caída de salarios reales. Se acordó con los gobernadores eliminar exenciones que beneficiaban a empleados provinciales y municipales.

Reducción en la asignación Universal por Hijo. El programa cae un 11% en términos reales y tendrá 130 mil beneficiarios menos. Además, habrá 95 mil bajas en ayuda escolar y 16 mil bajas de pensiones por invalidez. Habrá 7.200 pensiones menos para madres de 7 o más hijos.

Beneficios a las privatizadas del transporte. La disposición de un “Fondo Compensador” de Transporte a las provincias, de 6.500 millones de pesos, se anuncia como una concesión a los usuarios para que no aumente el boleto: en verdad, es una concesión a las patronales monopólicas del área para que mantengan su nivel de ganancia, deteriorado por las devaluaciones monetarias. El gobierno lo refiere como un financiamiento de una “etapa de transición” –es decir, hacia nuevos tarifazos en las provincias. En el área metropolitana, aumentará el subte y el transporte colectivo.

Suba de impuestos. “Buena parte de las concesiones fueron compensadas por el aumento del impuesto a bienes personales” (La Nación, 24/10), que representa 35.000 millones de pesos. Se trata de una disposición antipopular. Dejan en pie la parte que golpea a la clase media y sectores de trabajadores (con un departamento  de 52 mil dólares, habrá que pagar), mientras las acciones de los grandes capitalistas están exentas.

A su turno, la adenda al Consenso Fiscal puesta a votación autoriza a los gobiernos locales a seguir aumentando impuestos en sus jurisdicciones.

A favor del capital sojero, contra los campesinos. El mentado aumento de las retenciones sobre la soja, a un 33%, se cayó por las presiones del sector. Quedarán como ahora, en un 30%.

Pero se introduce un proyecto de pago de un monotributo para pequeños productores de tabaco y azúcar, cargando un nuevo peso sobre las espaldas de campesinos cuyos ingresos mensuales no llegan a los 30 mil pesos.

Impuesto al salario y exenciones a las patronales. Pese a las promesas, el gravamen de Ganancias seguirá recayendo sobre los salarios, y solamente dejará de aplicarse sobre algunos componentes como viáticos, horas extras, etc.

En contrapunto, se mantienen las exenciones recientemente dispuestas en beneficio de los empresarios, que no pagarán contribuciones patronales a la previsión social hasta 12.500 pesos de salario. Un golpe más a la ANSES y el conjunto de los fondos jubilatorios.

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