El Gobierno implemento el  Servicio Cívico Voluntario en Valores, y le da una tarea que debería ser para docentes a manos de los militares. 

Recorte del presupuesto educativo, desguace del programa FINES destinado terminar los estudios secundarios. Eliminación de la paritaria docente. Crisis en obras para la infraestructura escolar. Ataque y demonización a los gremios del sector. Con este historial de políticas en educación pública, el Gobierno ahora creó una nueva “colimba” destinada a jóvenes de 16 a 20 años a cargo de Gendarmería para “estimular la finalización del ciclo educativo”, una suerte de filtro de la tarea docente a través de la estructura militar.

El artículo 3 de la resolución 598/2019 del Ministerio de Seguridad no deja lugar a dudas al señalar que “el Servicio Cívico Voluntario en Valores (SCV) será implementado por Gendarmería Nacional. A estos fines, serán utilizados la infraestructura y los recursos humanos que se consideren necesarios para el desarrollo del objeto de la presente”.

El siguiente artículo señala que la cartera que dirige Patricia Bullrich “determinará a través de sus áreas competentes la articulación con profesionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil que considere adecuados”. Esto es, un nuevo avance del Ministerio de Defensa en un ámbito que corresponde a Educación.

El proyecto, dirigido a los jóvenes de entre 16 y 20 años, involucra a personas que todavía se encuentran en edad escolar obligatoria.

En este sentido preocupa que este servicio voluntario suplante en cierta medida a la escuela. Es el ministerio de Educación el que debe establecer las políticas y estrategias educativas, fortalecer la capacidad de planificación y gestión educativa de los gobiernos jurisdiccionales, y coordinar y gestionar la cooperación internacional.

La norma instruye además que “desde el Estado se impulsen medidas que ofrezcan oportunidades a jóvenes para que, conforme la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, puedan desarrollar sus potencialidades y lograr la máxima satisfacción, integral y simultánea, de sus derechos y garantías”.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es el tratado internacional de la Asamblea General de Naciones Unidas que reconoce los derechos humanos básicos de los niños, niñas y adolescentes. El artículo 40 alude al principio de especialidad: los Estados deben crear leyes, procedimientos y órganos especializados para los niños.

Esto significa que todos los sectores -tanto provinciales como nacionales, públicos y privados- que actúan con los jóvenes tienen que ser abarcados por personal especializado en derechos de niños, niñas y adolescentes. Y disponer de una capacitación especial para interactuar con ellos. Por lo tanto, el principio de especialidad no es respetado en la resolución del Poder Ejecutivo.

Luego el anexo I establece una serie de generalidades sin ningún grado detalle:

a) Fortalecer los valores democráticos y republicanos.

b) Ofrecer talleres que permitan adquirir nuevas destrezas y habilidades.

c) Fomentar la inclusión, educación, superación y liderazgo en búsqueda de la cohesión social.

d) Brindar herramientas que permitan la futura elección profesional.

e) Generar el sentido de responsabilidad entre los voluntarios en relación con sus deberes cívicos.

f) Fomentar el desarrollo de distintas capacidades que los fortalecerán para la autonomía y madurez integral.

El proyecto oficial lo que hace es interpelar a la educación pública, donde “se cae”, según palabras del propio Presidente. ¿Qué pasa con las escuelas? ¿No cumple con su rol educador para el gobierno de Cambiemos? Si el programa es destinado a los jóvenes de 16 a 20 años, ¿las responsabilidades cívicas, el respeto por los derechos humanos, por nombrar algunos conceptos, ya no los va a impartir la escuela? Incluso la idea de elegir “futura profesionales”, ¿esto también suple a la escuela?

Si este proyecto fuese válido, antes de ponerlo en marcha se debería capacitar primero a todo el personal para que tengan la especialidad requerida para trabajar con adolescentes, tal como establece la CDN y nuestras leyes. ¿Puede Gendarmería Nacional con su actual estructura asumir este rol?

Por otro lado, se desconoce por completo el programa educativoque compone al Servicio Cívico Voluntario en Valores. ¿Cuál es la currícula? ¿Cuál es el plan de estudio que van a tener estos chicos? ¿Fue esto consensuado con los referentes del ámbito de la educación? ¿Qué tiene que ver en todo esto el “narcotráfico”, una de los premisas de la resolución oficial? Los interrogantes se multiplican.

La nueva “colimba” de Cambiemos se implemetará en seis “experiencias piloto” ubicadas en cuatro provincias: Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Río Negro. Las pruebas durarán hasta el 31 de diciembre de 2019 y recién en 2020 se implementará de manera “progresiva”.

Las generalidades volcadas en la norma 598/2019 coinciden en gran parte con la propuesta del diputado nacional Alfredo Olmedo, quien presentó un proyecto de ley para que vuelva el Servicio Militar Obligatorio ya que entiende que “le daría una oportunidad a quienes no estudian ni trabajan de tener herramientas claras para enfrentar la vida: oficios, valores, educación, cultura del trabajo, respeto, amar la patria y valorar la familia”.

En los artículos del anexo II se indica que “la Gendarmería Nacional establecerá la duración y periodicidad de cada módulo” como así también “determinará los predios donde se desarrollará” el Servicio Cívico Voluntario. Se establece así el control clave de esta fuerza de seguridad en “talleres”, “educación” y “liderazgo” para “fortalecer los valores democráticos y republicanos”.

Los establecimientos a emplearse en el desarrollo de las experiencias piloto a las que refiere el artículo 6° de la presente resolución, son:

1) Comando de Región I “Campo de Mayo”, Provincia de Buenos Aires.

2) Instituto de Capacitación Especializada “Cabo Juan Adolfo Romero”, Ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires.

3) Escuela de Suboficiales “Cabo Raúl Remberto Cuello”, Ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba.

4) Agrupación XVII “Santiago del Estero”, Provincia de Santiago del Estero.

5) Escuadrón N° 34 “Cabo Primero Marciano Verón”, Ciudad de San Carlos
de Bariloche, Provincia de Río Negro.

6) Casa de Retiro Cura Brochero, Barrio La Bastilla, González Catan, Provincia de Buenos Aires.

El Poder Ejecutivo, con Mauricio Macri a la cabeza, intenta así establecer que el tema Seguridad y Defensa sea central en la agenda, en un año electoral donde no tienen ningún indicador económico y social positivo para mostrar.

Cuando era ministro de Educación de la Ciudad, Esteban Bullrich, detallaba la estrategia de confusión del Gobierno para llevar adelante políticas de ajuste.

El senador del PRO se preguntaba “¿qué es lo que hacemos para vencer a la resistencia?” y se respondió: “Primero, lanzar muchas iniciativas al mismo tiempo porque el gremio focaliza. Entonces cuando el gremio focaliza, estoy develando la estrategia pero no importa porque es poco atacable igual, le abriste doce y las otras once avanzan“.

Siguió: “Cuando se dieron cuenta que alguna ya se implementó, van atrás de esa y avanzás con la que no habías avanzado”. Y remató: “Un partido de ajedrez o de damas medio complejo, pero que funciona”.

El plan, indicado por el funcionario para la educación, también se implementa en la actualidad con otros sectores. Si bien la creación del SCV es un cúmulo de dudas y genera múltiples preocupaciones, también es cierto que el Gobierno logra que se deje de hablar de la desastrosa situación económica y cambia la agenda, a semanas de las PASO.

DEFENSA USÓ FONDOS DE EDUCACIÓN PARA COMPRAR LEBACS

Fondos de educación que no fueron utilizados para ese fin, sino que se desviaron para comprar Lebacs. Esa es una de las irregularidades que reveló un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre el ministerio de Defensa, a cargo de Oscar Aguad, realizado a mediados del año pasado.

Según el informe de la SIGEN, hubo “discrecionalidad en el empleo y rendición de los recursos presupuestarios transferidos por el Ministerio” de Defensa.

La auditoria -que se llevó a cabo en 2018 y que fue difundida hoy por el periodista Juan Amorín en el portal Cenital– reveló que además del desvío de fondos educativos usados en la bicicleta financiera de las Lebacs, ese ministerio pagó sueldos a personal jerárquico que ya no pertenecía a la Universidad de Defensa.

El 27 de enero de 2017, siempre según el estudio, la Universidad de Defensa compró 20 millones de pesos en Lebacs a través de una cuenta corriente en el Banco Nación y en 42 días obtuvo una ganancia de $500.000. Ese dinero usado para comprar las letras del Banco Central pertenecía a un refuerzo presupuestario solicitado al Ministerio de Defensa para gastos asociados a un proyecto educativo.

“Los fondos asignados por el ministerio de Defensa lo fueron con un fin específico, el que fue desvirtuando con una colocación financiera por lo que, en casos como este, los mismos deben ser restituidos a su jurisdicción”, resaltaron en las conclusiones.

Otra de las irregularidades detectadas fue que se pagaron sueldos a personal que ya no trabajaba en la Universidad de Defensa. “Se observó la liquidación y pago de Vacaciones No Gozadas correspondientes al año 2016 a Autoridades por un total de $292.396. Los funcionarios señalados renunciaron a sus cargos el 28 de julio de 2016”, detalla el informe.

La Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) fue creada el 12 de noviembre de 2014, mediante la Ley 27.015. Actualmente, tiene a su cargo la formación de militares y civiles en diferentes áreas disciplinarias, y la formación militar para la Defensa Nacional a través de carreras de pregrado, grado y posgrado. Depende en última instancia del ministro de Defensa. fuente: Mariano Zucchi/diariopulse.com – Foto: gentileza Primeras Lineas

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