CRIMINALIDAD INSTITUCIONAL Los dos lados del mostrador

 

 

OPINIÓN – Por Rubén Cuello -Presidente del Partido Nuevo Encuentro Mendoza

 

 

 

La imputación del presidente Macri y su ministro Oscar Aguad, por la condonación fraudulenta de la deuda milmillonaria que la empresa de Macri, Correo Argentino S.A. tiene con el Estado, marca una bisagra en la historia de la institucionalidad democrática de nuestro País.

Desde el comienzo este gobierno puso en marcha una novedosa e impensada gestión de lo público, donde de manera vertiginosa se tomaron medidas económicas que provocaron en pocos meses una enorme transferencia de recursos, que pasaron del mercado de consumo interno y la capacidad adquisitiva de los salarios, a un reducido y concentrado grupo de poder económico, históricamente asociado a intereses ajenos al bien común.

 

 

Esto provocó una situación de conflicto social generalizada, donde los diferentes sectores de la ciudadanía comenzaron a reclamar por la pérdida de derechos. Las diferentes experiencias organizativas de la vida democrática canalizaron este reclamo, y son las mismas que, viniendo de un período anterior de participación en la vida política de nuestro país, se encontraron con una fuerte campaña de desprestigio y desarticulación. Esta vez encabezada desde el poder comunicacional que se articuló como dispositivo de propaganda oficial, a través de novedosas técnicas de formación de opinión pública y construcción de sentido común.

 

Se construyó entonces un escenario ficcional, desde donde se despliega una simulación del debate político, con operadores mediáticos que diseñan el show de la posverdad y dan rienda suelta a las falsas-noticias, con un tratamiento banal de las diferentes temáticas que transcurren de modo indiscriminado. Todo esto en un mapa mediático re-concentrado por la derogación de facto de la ley antimonopólica de medios.

Cada día, la ópera mediática irrumpe en nuestros hogares, para imponer desde el formato audiovisual un nuevo esquema de representaciones, impactando el imaginario colectivo para construir un nuevo sentido común. Trafican de esta manera un único mensaje con un único contenido conceptual que, revistiendo diferentes estilos y encarnando diferentes roles, dice siempre lo mismo.

Que la política es corrupción y negocios, que todos roban, que no existe el interés común y que todos, menos el gobierno actual, somos culpables de la actual crisis económica por haber creído que podíamos vivir mejor.

Hemos escuchado hasta el hartazgo una suerte de reprimenda a la sociedad, como una especie de reclamo que nos arrojan por haber llevado adelante una dinámica democrática de ejercicio de nuestros derechos, lo cual es ahora exhibido desde este escenario como un exceso social. Cada campaña publicitaria del nuevo gobierno parece encaminada, en plena gestión, a la tarea de trasladar al conjunto de la población la responsabilidad por el desmanejo y la falta de respuesta para cubrir las necesidades básicas del conjunto.

Y es que hoy son funcionarios públicos los mismos cuadros técnicos que durante años operaron como agentes de grupos de presión corporativos, del otro lado del mostrador, disputándole prebendas y exenciones a un Estado Nacional que fue utilizado por el diseño neoliberal para optimizar ganancias millonarias de esos grupos empresarios. El Estado Nacional que, cuando fue recuperado como herramienta al servicio de los legítimos intereses del conjunto, generando transformaciones democratizadoras, fue agredido y acusado de populista.

Desde lo discursivo, el actual gobierno neoliberal, pretendió encarnar sin éxito las banderas del liberalismo político, contraponiéndolo a los gobiernos anteriores, que ellos denominan despectivamente como “populismos”. El liberalismo político es un movimiento que surge en el Siglo XVIII, que se enfrentó al feudalismo y las monarquías absolutas y que tuvo entre sus postulados básicos la libertad, la igualdad (por lo menos ante la ley) y la fraternidad. Uno de sus pilares fundamentales fue la República, que tiene como característica central la división entre los poderes del Estado, para asegurar que no se produzca nuevamente ningún abuso absolutista, y la libertad de prensa, encarnada en el poder de los ciudadanos de conocer los actos de gobierno y controlarlos.

Hoy en día existen otras amenazas absolutistas que se generan fuera de los Estados Nacionales, verdaderos grupos de poder plutocráticos, fuera de la dinámica democrática. El neoliberalismo contribuyó a su crecimiento y fortalecimiento porque, asumiendo los postulados económicos del liberalismo clásico, combina esto con sus propios axiomas políticos, donde las empresas ya no sólo buscan que el Estado no intervenga en la economía, sino que procuran hacerse del poder estatal para incrementar todavía más sus ganancias, a cualquier costo, incluso burlando la institucionalidad y los derechos individuales conquistados por el liberalismo clásico.

Y esto no es sólo teoría, cuando el presidente Macri condona una deuda milmillonaria de Correo Argentino S.A., una empresa de su propiedad, está aplicando minuciosamente los postulados del neoliberalismo. Está cumpliendo con el mandato de cruzar el cerco del ámbito privado, para hacerse del poder del Estado, de lo público, para así poder agigantar aún más las arcas de sus empresas, utilizando métodos no sólo ilegítimos sino ilegales, configurando un sistema de Criminalidad Institucional, donde existe incompatibilidad funcional crónica y donde se consolida como modus operandi el permanente saqueo de los bienes comunes, la estatización de deudas privadas y la precarización del ámbito laboral. Todo lo cual genera mayores ganancias empresarias, y mayores niveles de impunidad en los delitos que se cometen para obtenerlas. Muestra de ello es que, en menos de un año,  más  de 50 funcionarios del Gobierno de Cambiemos, han sido imputados por delitos que son incompatibles con el ejercicio de la función pública, todos ellos pertenecientes “al mejor equipo de los últimos 50 años” según su propia caracterización.

Por ello, despliegan con virulencia y sin cesar la estrategia ficcional, que  trae una dinámica ante el conflicto que se da en tres fases. Primero negándolo, no se habla de ello, como si no ocurriera. Luego apelando a la descalificación de quienes denuncien y por último confrontando con trampas mediáticas, operaciones de inteligencia interna, y la connivencia de operadores judiciales en el armado de causas apócrifas. Sin mencionar la represión en las calles.

Este año electoral, no sólo se discutirá la renovación de los miembros del Congreso de la Nación, de las Legislaturas Provinciales y de los concejos deliberantes de los municipios, sino que tendremos un desafío mucho más grande, deberemos enfrentar esa estrategia ficcional, que busca la desarticulación de lo político, con el objetivo de saquear los bienes comunes.

Por ello, la línea divisoria de la próxima contienda electoral, será entre quienes creemos en la Democracia, la Igualdad y la Libertad, y los que desde hace un año, a través de la herramienta estatal, buscan enriquecerse a costa de la exclusión social.

Por ello la necesidad de pensarnos, articularnos y actuar en un gran Frente Electoral que defienda la Institucionalidad Democrática y sea una expresión genuina de participación de las diversas experiencias organizativas de nuestra vida democrática, solo así lograremos encarnar con solidez la lucha contra la Criminalidad Institucional, instaurada por el gobierno de Cambiemos, que atenta contra los intereses de las grandes mayorías.

Para mayor información comunicarse al 0261- 152052266

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