El anteproyecto de reforma del Código Penal que envió el gobierno de Cambiemos al Congreso no sólo marca un retroceso profundo del debate por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina.

También perpetúa la criminalización de mujeres, cuerpos gestantes y profesionales de la salud, que seguirán siendo tuteladxs por los poderes patriarcales y sometidxs a las figuras del aborto culposo y de fetos con estatus jurídico.

La avanzada que celebran los sectores más reaccionarios del fundamentalismo antiderechos reaviva la misoginia y el androcentrismo del Ejecutivo y de un sistema penal represivo.

La iniciativa crea la figura de aborto culposo, por imprudencia o negligencia, y le da estatus jurídico al feto al incorporar como delito la “lesión a la persona por nacer” en forma dolosa y culposa.  

Además reduce la posibilidad de acceder a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por razones de salud cuando se refieren a su aspecto “físico” y “mental”, mientras que, hasta ahora, la interpretación es concordante con el concepto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que define a la salud en su aspecto integral y, por lo tanto, tiene una interpretación más amplia. 

Uno de los mayores problemas es que hoy el aborto es legal por causales y lo realizan las mujeres en sus casas y profesionales de la salud amigables. Pero el miedo impuesto por los sectores antiderechos encuentra letra en el oficialismo con la ampliación de la amenaza persecutoria para los profesionales de la salud. 

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Gerard404 * Soluciones Informáticas
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