Plan anticíclico, el oficialismo y la oposición se pusieron de acuerdo y dieron sanción inicial en Diputados al Programa Plurianual de Estabilización del sector vitivinícola. Elogios de unos y otros por el consenso y la ayuda introducida para el “bolsillo de los trabajadores”.

Tras varios días de negociación entre el oficialismo y la oposición, la Cámara de Diputados dio sanción inicial al proyecto de ley que habilita al Gobierno a tomar deuda para crear el Programa Plurianual de Estabilización del mercado vitivinícola. Pero para lograrlo, quienes responden al gobernador Alfredo Cornejo tuvieron que aceptar cambios en el proyecto inicialmente presentado por el Ejecutivo y acceder a trabajar con un fondo de un total de $ 3200 millones, en vez de los $ 4000 millones previstos.

Así quedó el acuerdo inicial

En primera instancia, el Gobierno solicitó a la Legislatura que se autorizara un endeudamiento de $ 1000 millones por año, de 2019 a 2022. No obstante, el proyecto que finalmente fue aprobado en Diputados plantea un esquema diferente.

Para el primer año (2019), se autorizaría al Ejecutivo a “incrementar en $ 300 millones el presupuesto vigente” y tomar deuda por un valor de $ 500 millones. En los años 2020 y 2021, en cambio, “se incluiría una partida de $ 400 millones” y se habilitaría al Ejecutivo a endeudarse por otros $ 400 millones.

En tanto, para 2022 se incluiría en el presupuesto una partida de $ 300 millones para este fin y el Gobierno podría sumar otros $ 500 millones con financiamiento. En total, el Ejecutivo contaría con $ 3200 millones, de los cuales $ 1600 millones serían de partida presupuestaria (distribuidos en cuatro años) y $ 1600 millones se sumarían con toma de deuda, siempre que el Senado le dé sanción definitiva.

El proyecto aclara además que, para endeudarse, la Provincia tendrá que priorizar como fuente de financiamiento a “aquellos provenientes de su agente financiero u organismos públicos nacionales e internacionales, siempre que las condiciones sean favorables de acuerdo a lo establecido por la Ley 8706”.

Además, el artículo 3.° del proyecto establece que en el ejercicio 2019 se priorizará el uso de los fondos para equilibrar al mercado vitivinícola, pero deberá destinarse la suma de $ 130 millones para fortalecer programas de apoyo al trabajador rural, tanto para los permanentes como para los eventuales.

Este punto introducido fue el que más celebró la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. Es que entre la batería de medidas que presentó Unidad Ciudadana en la Legislatura para paliar la problemática del sector, estaba la de implementar “un apoyo al trabajador de cosecha con el fin de sostener el empleo y el salario”. 

Otro punto clave del proyecto aprobado por Diputados se encuentra en el artículo 6.°, donde se autoriza al Gobierno a otorgar un crédito fiscal con un costo tributario de $ 180 millones. La normativa indica que “las personas humanas o jurídicas que realicen exportaciones de vino a granel genérico y/o varietal podrán acceder al beneficio de un certificado de crédito fiscal aplicable al pago de Ingresos Brutos” por el valor que el Poder Ejecutivo determine a esos efectos. Este crédito tendría por objetivo compensar los costos generados por las retenciones y el resto de los impuestos a la exportación.

Poroto para todos

Tras la sanción inicial, el ministro de Economía Martín Kerchner señaló que el Gobierno justamente estaba buscando “una política de mediano plazo, una política de Estado que tuviera el consenso de todos”. “Es importante tener una herramienta para frenar la crisis vitivinícola que alcance no solo a este gobierno, sino también a quienes tengan que gobernar en un futuro. Es contar con un elemento crucial en caso de que sobre o falte vino, ayudando al sector primario”, sostuvo.

Incluso elogió el hecho de que se haya establecido en la nueva redacción la propuesta presentada por Unidad Ciudadana para “llegar al productor”. “La oposición planteó que había que contener al contratista y al empleado de viña. ¿Cómo no íbamos a tener en cuenta esas modificaciones?”, afirmó.

Por su parte, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti expresó: “Este es el camino que tenemos que seguir. Hoy nuestra industria madre tiene consenso para tomar deuda y por primera vez incluye medidas que llegan a los trabajadores de viña y contratistas, porque si decimos que los productores están mal, imagínense los asalariados”.

Recalcó: “Era hora de que el Estado apoyara el salario de esos trabajadores. El oficialismo aceptó y estamos muy contentos porque se haya dispuesto de 130 millones de pesos de piso para que vayan al bolsillo de los trabajadores”. fuente: Unidiversidad / Los Andes y Canal 9

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