“No sirven ni para sumar, o lo hacen mal a propósito”.

Con esa frase la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) desmintió el informe que el lunes 30 de septiembre presentó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sobre los casos de gatillo fácil durante la gestión de Cambiemos, tal y como publicó PERFIL.

Según el informe elaborado por el Ministerio de Seguridad, de los 2073 casos detectados por la CORREPI en el período 2014-2018 solo 188 corresponderían a las fuerzas federales, lo que representa un 9,1% del total. 

Asimismo, puntualizaron que en el período de 2016 a 2018, de un total de 1.227 casos, 98 corresponderían a las Fuerzas Federales.

De estos, sostuvieron que 74 no fueron episodios de violencia institucional, mientras que 2 de ellos sí y 22 están bajo investigación por lo que aún no se podían incluir dentro de las estadísticas.

Tras analizar el informe oficial, la CORREPI presentó una contrarrespuesta a los datos brindados por el oficialismo.

“Excluyendo los casos de 2019, es decir, acotando a 2016/2018, quedan 1.275 casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal federal, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires.”

“Excluyendo de ese total los que corresponden a efectivos de la ex metropolitana (4 casos en 2016), policías provinciales (474), servicios penitenciarios provinciales (487), policía de la Ciudad de Buenos Aires (44 casos en 2017 y 2018) quedan 266, no 98 como sostiene Bullrich”, señaló la entidad.

La CORREPI enumeró cómo se explica la diferencia entre las cifras que expusieron y las del Ministerio de Seguridad: “No contabilizan al Servicio Penitenciario Federal, que aunque no depende de Seguridad sino de Justicia, como su nombre lo indica es FEDERAL, y suma 139 casos 2016 y 2018 (nuestra principal fuente en este punto es la procuración Penitenciaria Nacional, organismo oficial del ministerio de Justicia y DDHH de la Nación). No contabilizan los efectivos retirados de las fuerzas federales, que conservan, pese a la situación de retiro, su estado y siguen perteneciendo a la fuerza y gozando de todos sus recursos y beneficios (9 casos). No contabilizan al personal de las agencias de seguridad privada, que tienen supervisión y control del ministerio de Seguridad, además de ser casi todos policías o gendarmes retirados (7 casos). No contabilizan los miembros de las Fuerzas Armadas (ejército, fuerza aérea y armada), que también son fuerzas federales, y suman 13 casos. Al recortar 2016/2018, excluye los casos de diciembre de 2015, ya asumido su gobierno (4 casos de fuerzas federales).”

 

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Gerard404 * Soluciones Informáticas
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