Se aprobó el nuevo Código de Faltas de Mendoza por 24 a favor y 22 votos en contra. 

El proyecto es resistido por numeros organizaciones políticas, sociales y de DDHH por criminalizar la pobreza y la protesta social

En medio de una jornada convulsionada por enfrentamientos entre policías y manifestantes que se oponían al proyecto que presentó la gestión de Adolfo Cornejo, en una ajustada votación Diputados aprobó la norma por 24 votos a favor con 22 en contra.

En los artículos 94 y 95, se sanciona con encierro la alteración psíquica o embriaguez. “Contrariamente a la Ley Nacional de Salud Mental, el nuevo código se entromete en la vida privada de las personas, poniendo en riesgo su integridad al no ordenar su traslado a un centro de salud”.

Correpi Mendoza denunciaron que el proyecto “estigmatiza y persigue a quienes intentan sobrevivir con trabajos precarizados en la calle, como trapitos, limpia vidrios, vendedores ambulantes, artistas callejeros y personas en situación de prostitución.

Por la otra, planifica un verdadero cepo a la protesta y la movilización, que incluye la posibilidad de penas a las organizaciones, con la admisión de responsabilidad a las personas jurídicas; impone el requisito de la “autorización previa” para cualquier reunión de personas o manifestación en lugares abiertos o cerrados”.

En la UNCuyo también rechazan el Código y se movilizarán este miércoles. Así lo resolvió una asamblea interfacultades la semana pasada que votó un plan de lucha para esta semana que incluye movilizarse contra el avance represivo que implica este código.

La organización de los trabajadores y trabajadoras de prensa de la provincia, a través de un comunicado, aseguraron que “la libertad de expresión es condición ineludible para el ejercicio de la democracia. La iniciativa pretende coartar este derecho básico, indiscutible, reconocido por la legislación nacional e internacional. Los métodos represivos que el proyecto de reforma del Código de Faltas propone conculcan derechos inalienables de la ciudadanía”. “Exhortamos a las y los legisladores mendocinos a no allanarse a esta resignación de derechos en detrimento de la sociedad mendocina”, concluyeron.

Desde el Sute, también se sumaron al rechazo cuando, ante la Comisión de Derechos y Garantías del Senado provincial, denunciaron: “A la media sanción del nuevo código Contravencional, que criminaliza la protesta social, hay que sumar la Res 2097 con la que pretenden judicializar las ocupaciones pacíficas de institutos aplicando el Código Penal a la protesta social; las amenazas de imputaciones a estudiantes y docentes.

También se pronunciaron en contra, y convocaron a movilizarse este miércoles, las Asambleas Populares por al Agua Pura, que vienen llevando adelante la lucha contra el fracking en la provincia.

 
 

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