La jueza en lo comercial Marta Cirulli dispuso la “intervención plena” de la empresa Correo Argentino, perteneciente a la familia Macri, y el “desplazamiento total” de sus directivos hasta que concluya el procedimiento de salvataje.

Esto había sido pedido por la fiscal Gabriela Boquín que sostiene que los dueños estaban vaciando la empresa realizando un abuso del concurso de acreedores.

Este pedido de la fiscal había sido apoyado por la Procuración del Tesoro Nacional que había efectuado una presentación en la Sala B de la Cámara Comercial en la que se adviertía “la existencia de una serie de irregularidades que tienen entidad suficiente para lesionar seriamente” los intereses del Estado, ya que es el principal acreedor del Correo Argentino.

La decisión judicial es un cambio importante respecto a la situación de Correo Argentino, la empresa desde la cuál los Macri tienen una multimillonaria deuda con el Estado desde hace más de 18 años, deuda que el ex presidente intentó condonar.

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