El fiscal federal Franco Picardi imputó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y a otros funcionarios en el marco de una investigación judicial que buscará determinar si actuaron fuera del marco legal en conflictos entre comunidades mapuches y propietarios de tierras. 

La investigación se inició tras una denuncia presentada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, en la que acusó a funcionarios del Ministerio de Seguridad de encabezar desde 2015 un plan sistemático para accionar ilegalmente contra las comunidades mapuches. 

El fiscal presentó un dictamen donde se confirma el inicio de la investigación penal para determinar si la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y a algunos funcionarios de esa cartera, han usado sus funciones para dar órdenes operativas a las fuerzas de seguridad.

Según Picardi, el objetivo de Bullrich fue “coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras, en beneficio de estos últimos, para así resguardar distintos negocios inmobiliarios y de lucro llevados a cabo por aquellos que detentan o pretenden la propiedad y/o explotación formal de tierras en la Patagonia Argentina, muchos de los cuales tendrían relaciones de distinta índole con funcionarios del actual gobierno Federal”. 

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