Los vecinos y vecinas de Uspallata están en alerta ya que la minera San Jorge alcanzó a entregar el informe de impacto ambiental durante los pocos días que la se reformo la Ley 772.

La noticia que fue publicada por explicitoonline.com, dice que los vecinos y asambleístas de Uspallta, apoyados por la organización de las Asambleas por el Agua en toda la provincia, retomaron el reclamo para que San Jorge -punta de lanza de otras 300 concesiones en la montaña- no pueda concretar lo que quiere hace años: dinamitar la roca y usar tóxicos para sacar el oro y el cobre.

El trámite ya está en curso, y según la directora de protección ambiental , Miriam Skalany, “había ocho meses para la audiencia pública y un año para la aprobación”

San Jorge es de Aterra Capitals y Solway Investemen, quienes la compraron a Coro Mining en 2015.

Federico Soria, técnico en administración de Parques Nacionales, licenciado en turismo y técnico en Conservación de la Naturaleza, comentaba “Estamos preocupados por eso. Nuestra prioridad es el área protegida. el proyecto que presentamos está archivado y acumulado con otro expediente. Son escollos que tenemos que saltar para que al menos tome estado parlamentario este proyecto. Nuestra prioridad es esa. Si hubiéramos sido más estratégicos en la pelea ya tendríamos el área protegida y a las mineras fuera de juego. Porque quien fogoneó la derogación de la Ley 7722 fue la minera San Jorge, no las mineras de Malargüe”, agregó.

El xantato es la clave

En el 2012, Coro Mining, anterior dueña de San Jorge, informó que la mina “contiene pórfidos de cobre y depósitos de oro, contiene óxido enriquecido y mineralización primaria. Los recursos están contenidos dentro de material de óxido, que sólo puede ser procesado por métodos de lixiviación; material enriquecido, que podría ser procesado por lixiviación o flotación, además de material primario que sólo puede ser procesado por flotación.”2

La suma de las reservas probadas y las probables en Uspallata ascendía a 48 millones de toneladas de mineral a 0,61%, lo que equivale a aproximadamente 294.600 toneladas de cobre.

“San jorge va a querer insistir con el uso del xantato para encuadrarse en la 7722. Es lo que ellos presentaron para el proceso de flotación en lugar del cianuro y el ácido sulfúrico. Para extraer cobre no hace falta el cianuro porque el ácido sulfúrico es suficiente, pero como también tienen declarado oro necesitan usar cianuro. Cuando los yacimiento son de oro y cobre usan el sulfurico para separar el cobre y una vez que ya separaron el cobre y demás metales usan el cianuro con el oro”, puntualizó Soria.

Cuando San Jorge presentó el primer proyecto impulsó otro método en lugar de la lixiviación: la flotación con xantato y poliacrilamida.

“Esos dos reactivos , según la empresa, no estaban incluídos en la prohibición de la 7722, pero nosotros demostramos técnicamente que el xantato se lo puede encasillar dentro de las otras sustancias. El xantato se puede incluir en la sustancias tóxicas ya que de la descomposición del xantato se puede sintetizar ácido sulfúrico. Al reaccionar con la poliacrilamida, el xantato genera bisulfuro de carbono que es un compuesto del cual se puede obtener ácido sulfúrico. Por eso en su momento fue rechazado el proyecto San Jorge”, detalló.

El proyecto rechazado en la Legislatura tenía 140 fallas técnicas, rememoró el técnico, “una de ellas es que el xantato puede ser considerado sustancia tóxica”.

Sin embargo, los lobbistas de San Jorge se guardan una carta bajo la manga: en el fallo que declaró constitucional la Ley 7722, en 2015, uno de los jueces, al analizar el artículo 1 de la ley sobre la prohibición de tóxicos apunta que los legisladores dejan abierta la posibilidad de introducir xantato.

Ley 7722. “Artículo 1° – A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.”

Según apuntó en ese momento Mario Adaro -el juez de la Corte en cuestión- al no especificar más que tres sustancias tóxicas, la ley deja “un enorme interrogante, respecto a: -la determinación de sustancias tóxicas, ya que la definió con una amplia vaguedad terminológica que encuentra una inmensidad de posibilidades existentes para su especificación, por ejemplo el xantato, el ácido clorihídrico, ácido florídrico, ácido fosfórico, sulfato de aluminio, entre miles de sustancias químicas; y – en cuanto a quién es el responsable de determinarlas”.

Los asambleístas de Uspallata creen que ese es el camino por el que irá San Jorge: el xantato como reactivo para separar los metales.

En Uspallata San jorge es dueña de la estancia  Yalguaraz, donde hay decenas de concesiones mineras, la mina San Jorge II, San Jorge III, la mina Hércules. “San Jorge es la punta de lanza de una serie de proyectos mineros de estas corporaciones”, resumió Soria.

Cuenca del río Mendoza

La creación del área protegida Uspallata-Polvaredas es crucial para la protección de la cuenca del río Mendoza, “de la cual dependen 1.200.000 personas”, señala Soria.

El proyecto San Jorge afectaría las cuencas del Río Mendoza y la de Yalguaraz, ya que se ubica en la divisoria de ambas cuencas superficiales, tal como muestra el informe técnico de José María Cortés (investigador del CONICET) sobre la hidrología y la hidrogeología de San Jorge.

Persecución a vecinos y asambleístas

Tras la pueblada por el agua vecinos, ambientalistas y agricultores sacaron en claro que una de las patas del lobby minero en tándem con el Gobierno es la persecución a los manifestantes. Y que ese es uno de los puntos donde deben reforzar la organización.

“Hay compañeros que están siendo perseguidos. Dentro de AMPAP hay un grupo de abogados abocados a los distintos temas, en su momento estuvieron preparando las acciones de amparo y de inconstitucional si salía la 9209. Se están ocupando de quienes fueron detenidos el 23 de diciembre y se recurrieron las multas que les pusieron a quienes se manifestaron frente a la Legislatura”, señaló Soria.

“En Uspallata cortamos la ruta internacional y a los 10 minutos estaban los gendarmes con la orden de desalojo -ilustró Soria-. Pero los gendarmes y policías mantuvieron instancias de diálogo y nos decían que sus hijos estaban del otro lado participando del corte. Muchos nos decían que si no hubieran tenido el uniforme protestaban con nosotros. Pero también había infiltrados en Uspallata y se hicieron allanamientos, supuestamente por otras causas, en casas de compañeros asambleístas. Puede haber sido casualidad”.

fuente: explicitoonline.com

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