La política criminal que adopta un Estado habla de su calidad democrática.

El modelo autoritario, que subordina la libertad al principio de autoridad, el que se conoce como “mano dura” que prescinde de las garantías constitucionales en pos de una supuesta “eficiencia” para combatir el delito se opone al modelo democrático, basado en los principios de legalidad, en la racionalidad, absolutamente respetuoso de la dignidad humana y de los derechos fundamentales.

Argentina adoptó la Convención de los Derechos del Niño y sancionó la Ley de Protección Integral de la Infancia(Ley 26. 061), se inclima en mayor o menor medida a la línea de mano dura en relación a esta franja etaria que el Estado debe cuidar de modo especial.

Sostener la baja en la edad de imputabilidad en el contexto actual, con las cárceles que conocemos, no es compatible con lo que proclama la Convención de los Derechos del Niño ni la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.

Los jóvenes estigmatizados son, en consecuencia, peligrosos para la opinión pública que moldea la prensa, donde el tema de la “seguridad” es cotidiano.

Estadísticas criminológicas recientes señalan que los principales motivos por los que ingresan los adolescentes a instituciones cerradas del sistema penal juvenil responden a delitos contra la propiedad, representando estos alrededor del 60%; mientras que los delitos cometidos contra las personas rondan sólo el 15%. De modo que, el porcentaje de jóvenes menores de 16 años que cometen un delito es ínfimo en comparación con el total de actos delictivos.

La abogada especializada, Claudia Cesaroni, quien representa a un colectivo de especialistas que están en contra de esta medida, elaboró un listado de 10 motivos por los que el Estado no debe optar por la baja.

“Bajar la edad sería legalmente regresivo; se opone porque bajarla tiene como único objetivo el castigo, porque no es el único modo de brindarle garantías a adolescentes, porque la cárcel tal y cual la conocemos en el país no puede ser la solución para afrontar el problema; porque los jóvenes suelen ser el eslabón más débil de la delincuencia adulta.”

Cesaroni sostiene que “los pibes de 14 y 15 años a los que se pretende incluir en el sistema penal son, como la inmensa mayoría de las personas privadas de la libertad, parte de un grupo social vulnerado en sus derechos; son pobres y están excluidos.”

Los pibes de 14 y 15 deben ser dejados fuera del sistema penal porque, por más garantías que se escriban en los papeles, el sistema penal es selectivo, discriminatorio y estigmatizante. Y, además, se caracteriza por su inutilidad para resolver conflictos.

Si un adolescente de 12, 13, 14 ó 15 años roba, mata o viola, algo que es previo a esas acciones, y que no es su responsabilidad, falló. El Estado, en alguna de sus variadas formas, no estuvo presente.

Entonces, antes de pensar penas de privación de libertad pensemos en restituir derechos. Que el Estado social se haga presente en forma de escuela, deporte, salud, techo, calor… no en la forma de la ley penal.

El rol del Estado debe centrar su accionar en fortalecer los sistemas de protección integral para garantizar a niñas, niños, adolescentes, familias y sus comunidades derechos humanos fundamentales.

El Estado debe estar presente en toda las trayectorias de estos sujetos de derechos, dando respuestas acordes tanto en el origen y prevención del delito como de la reparación de sus consecuencias.

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