El gobernador Suárez confirmó en rueda de prensa que no iba a reglamentar la ley 9209, que modificó la histórica ley de minería 7722 que “protegía el agua de los mendocinos”

Estas declaraciones lejos de traer tranquilidad a los mendocinos, afirma la negación del gobernador a no escuchar a la ciudadanía. Pasa que la suspensión de la 9209 no resuelve la modificación de la 772 como ley magna minera y ambiental.

Desde los sectores ambientales, asesores jurídicos y legales interpretan esta maniobra del gobierno como una jugada de manual, donde el ejecutivo busca ganar tiempo para dilatar la lucha y movilizaciones en toda la provincia. 

El pasado viernes cuando la legislatura sancionó la reforma de la 7722, el gobierno provincial de inmediato informó por el boletín oficial  su promulgación, lo que significó que la nueva ley ya estuviese vigente.

Lo que ha suspendido es la reglamentación de dicha ley que consiste en la facultad exclusiva que tiene el gobernador por decreto, de disponer como se ejecutará la aplicación de la ley.

El gobernador trata de engañarnos con una explicación enredada para el común de la gente. La ciudadanía continúa atenta a ésta situación y reclama UN NUEVO PROYECYO DE LEY QUE DISPONGA DE LA DEROGACIÓN DE LA 9209 Y VUELVA A ENTRAR EN VIGENIA LA 772. 

 

 

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